Tras unos años intensos de reestructuración del sector, adaptando sus medios y sus plantillas a la crisis sufrida, hay dos factores esenciales que impiden al sector recoger los frutos de las adaptaciones realizadas.

Uno de ellos es el agotamiento financiero de las administraciones, que ha frenado actuaciones y proyectos contemplados en el territorio. El otro factor es que con una capacidad productiva sobrada para abastecer el territorio a través de sus propios recursos, el sector sigue viendo como se utilizan recursos de las autonomías limítrofes, sujetas a otro nivel de legislación y control tanto medio ambiental como de seguridad, que les permite, ayudados además por un menor coste salarial, introducir áridos en Bizkaia a precios inferiores a los del mercado vizcaíno.  El consumo del producto extractivo exige en este sentido una actitud más responsable, ya que además de la fuga fiscal que supone la situación descrita, la gestión adecuada de los recursos naturales del propio territorio, permite mantener el control ambiental del entorno (en donde el transporte es el principal foco contaminante)  y mejorar las condiciones de desarrollo de las diferentes área. 

Para terminar de complicar el panorama, la dureza de la crisis ha conllevado también un repunte de los aprovechamientos ilegales de recursos, que han tenido más “fácil” acogida en obras y edificaciones.